Las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros, tal y como recoge el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ha hecho público el Ministerio del Interior. Sin duda, las medidas que recoge suponen el endurecimiento de una represión contra los movimientos ya denunciada por organismos internacionales, juristas y partidos políticos.
Veintiún años después de la ley Corcuera del PSOE, polémica por la conocida como “la patada en la puerta” que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara una nueva Ley de Seguridad Ciudadana aún más represiva, dirigida directamente contra la sociedad obrera y en defensa de la corrupción y el fascismo institucional, el anteproyecto verá previsíblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes día 22 de Noviembre. Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
El texto, que ha diseñado el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, deberá pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes. Mientras tanto, la propuesta inicial de Interior incluye, entre otros supuestos, las siguientes infracciones muy graves y graves.
Tendrá 55 artículos frente a los 39 del todavía vigente y establece la obligatoria colaboración de la seguridad privada o de los detectives.
Otra de las principales novedades es que los padres deberán hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer “zonas de seguridad”. El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que se puso en marcha hace años en el País Vasco para penalizar los episodios de kale-borroka. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave, con multas para los ciudadanos de 30.001 a 600.000 euros.
En cuanto a las “zonas de seguridad” para evitar los "scrachs" es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó este perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia a que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.
En el redactado también se contempla como infracción “muy grave”, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación. Con ello se pretende evitar hechos ocurridos después de algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a anti-disturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales.
En total hay 21 infracciones consideradas “muy graves” y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge el ya avanzado por el ministro en el Congreso: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
La alteración del orden público en espectáculos, eventos deportivos u oficios religiosos y otros actos públicos también se considerará “muy grave”, así como las manifestaciones sin autorización torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear -objetivo muchas veces de movimientos ecologistas- o un aeropuerto. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros láser vehículos u otros medios de transporte como aviones.
En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse cuando se produzcan enfrentamientos con la Policía, como si hace la policía, escondiendo la cara y el número. Es decir, el policía será impune y el ciudadano se presupone un delincuente y criminal.
Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.
Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que lleva no es falso. Ahora los agentes podrán realizar esta gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática. Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Por su parte, los ciudadanos extranjeros no se les podrá despojar de sus documentos de origen excepto mandato judicial.
Información de: www.lamanchaobrera.es
Sabias que...
Jorge Fernández Díaz es hijo de militar franquista y establecido en Barcelona desde los tres años, estudió ingeniería industrial (especializado en organización industrial) y opositó al Cuerpo de Inspectores Superiores de Trabajo y Seguridad Social del Estado, siendo inspector de trabajo y seguridad social e ingeniero del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aunque se dedica a la política desde los 28 años, habiendo militado en diversos partidos de derecha a nivel catalán y nacional durante la Transición y miembro supernumerario del Opus Dei.
Entre 1978 y 1980 fue delegado provincial de Trabajo en Barcelona en la UCD. Más tarde fue gobernador civil de Asturias (de julio de 1980 a julio de 1981) y de Barcelona desde julio de 1981 a septiembre de 1982, fecha en la que dimitió para presentarse como candidato del Centro Democrático y Social por Barcelona en las elecciones de octubre de ese año, sin conseguir escaño.
Es hermano del también político Alberto Fernández Díaz, actualmente regidor y presidente del grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona.
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